En los últimos años hemos visto con estupor como se acrecienta una ola de crímenes violentos, en especial una especie de corredores del delito; el estado Guárico, municipios del sur del estado Aragua, los Valles del Tuy (Cua, Nueva Cua, Ocumare, Santa Teresa del Tuy, Charallave), la zona de Barlovento, el Sur del Estado Bolívar, los municipios fronterizos del Táchira y Zulia, así como importantes parroquias de la Ciudad de Caracas; en estos corredores las bandas criminales han puesto en práctica principalmente el delito de extorsión y secuestro (la vacuna a pagar por parte de empresarios, ganaderos y comerciantes), para garantizar su protección por grupos paramilitares y bandas criminales, estos individuos han extrapolado los mecanismos del terror que en los 80 se aplicaban en Colombia y hoy en el Salvador, Guatemala o México (decapitación, desmembramiento y quema de sus víctimas), para generar la “política del terror” y de esta manera ir desplazando la autoridad del estado, ocupando territorios, con las grandes sumas de dinero producto del delito compran armas en el mercado negro y logran la lealtad de funcionarios corruptos de los cuerpos policiales y militares; estas bandas con la modalidad del amedrentamiento o la corrupción llegan a neutralizar fiscales, jueces y autoridades locales, que se hacen los indiferentes para preservar su vida o no arriesgar la seguridad de sus familias.
El asesinato cobarde de funcionarios policiales pretende desmoralizar la fuerza pública y el asalto a parques de armas (Destacamento de la Guardia de Honor en la antigua Hacienda El Recreo sector San Mateo, estado Aragua, el intento de ataque a la Escuela Superior de la G.N en Caricuao, al asalto al parque de armas a la Policía de Miranda en los Teques) pretenden dejar claro que a pesar de los esfuerzos del gobierno revolucionario, la articulación del crimen, demuestra su capacidad de desafiar el estado de derecho y la sociedad como un todo.
Es de absoluta gravedad el mercado negro de armas de alto poder fusiles AR-15 y la disponibilidad de granadas fragmentarias, superando en creces el poder de fuego de una unidad de patrullaje vehicular o motorizada (armas con calibre 9mm, escopetas calibre 12 o sub-ametralladoras cuando se dispone); resalta el hecho de la disponibilidad de grandes cantidades de municiones, en particular del calibre 9mm.
Estas crecientes y terribles practicas del crimen organizado, ameritan el desarrollo de una POLITICA INTEGRAL; por ejemplo, un cambio de enfoque en el pensum de estudios de la UNES, un redimensionamiento en el periodo de formación (de apenas un año a cuatro años semi internos) que garantice conformar el espíritu de cuerpo, la profesionalización, al debido entrenamiento y la adopción de nuevas técnicas de combate al crimen, aunado la dotación de armamento de mayor poder para las unidades apostadas en cada estado, y unidades de reacción en cada uno de los corredores del crimen, con apoyo aéreo y equipos sofisticados de intervención y seguimiento electrónico.
Es indispensable poner en práctica el marcaje de armas y municiones, resultado del estudio de la Comisión Presidencial contra el Desarme presidida por el entonces ministro de Interior y Justicia Tareck El Aissami; este procedimiento garantizara hacerle seguimiento al flujo de municiones y determinar el origen de las mismas.
Estas medidas, así como otras, en el campo económico, social y jurídico, son imprescindibles para conformar una POLITICA INTEGRAL contra el crimen organizado, el paramilitarismo y la violencia. Si la POLITICA de seguridad no es integral tendrán un alcance temporal y limitado.
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